Además, en el segundo semestre se presentaría otra reforma para establecer mecanismos de aseguramiento de calidad. Para ello, este año se aplicará un inédito test en los recintos parvularios.
La reforma al sistema de acreditación, el cierre de la U. del Mar, los cambios a la Prueba de Selección Universitaria, el nuevo modelo de financiamiento estudiantil… La agenda pública del Ministerio de Educación ha estado copada los últimos meses por los temas relacionados con la enseñanza superior.
Sin embargo, en paralelo y de forma silenciosa, la cartera dirigida por Harald Beyer ha estado trabajando en dar forma a una triada de iniciativas (2 proyectos de ley y una prueba) que apuntan a cambiarle la cara, en el corto plazo, a la educación inicial o preescolar. Una ofensiva que comenzará a materializarse desde marzo, cuando se reanude el trabajo legislativo.
Para ese mes, el ministerio tiene planificado presentar un 1° proyecto de ley que cambia el diseño institucional que rige a los jardines infantiles y salas cuna. La iniciativa, que se encuentra en proceso de visado por parte de las demás carteras involucradas, asigna al Estado un rol más activo en el proceso de apertura de un recinto preescolar.
En la actualidad, no hay mayores dificultades para abrir un jardín infantil. El trámite más relevante es conseguir un permiso en el municipio respectivo. La idea es que eso cambie: así como hoy los colegios tienen que contar con un reconocimiento oficial del Estado para operar, los jardines y salas cuna deberán pedir una autorización especial al ministerio. Eso sí, con exigencias mínimas afines a la naturaleza de sus funciones.
A esto se suma una reforma al sistema de supervisión del trabajo de los establecimientos, hoy en manos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji). El proyecto traspasará esa función (y el presupuesto asociado) a la Superintendencia de Educación Escolar, la que tendrá la misión de fiscalizar tanto el trabajo de los centros privados, como los de Fundación Integra y de la propia Junji.
El factor calidad
Para marzo, también está prevista la licitación de una evaluación pionera para el país. Tomando como referencia experiencias internacionales, la cartera quiere realizar una primera medición de calidad de los jardines infantiles de Chile. Esta se aplicaría, de forma muestral, en mayo o junio y sus resultados debieran ser conocidos en septiembre.
El objetivo de la inédita prueba no es solo establecer comparaciones entre los distintos recintos que se sometan a ella, sino ser el insumo final de un 2° proyecto de ley (del cual hoy existe solamente un borrador) que debiera ser presentado a fines de año y cuyo trámite quedaría en manos del próximo gobierno.
La iniciativa apunta a generar un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación inicial. Así, como los colegios van a ser clasificados y apoyados por una agencia estatal ad hoc, el objetivo es crear una institución que fomente el buen desempeño de salas cuna y jardines infantiles. Lo que resta por definir es el detalle de su trabajo; por ejemplo, si debe operar haciendo visitas periódicas a los recintos o aplicándoles pruebas que les sirvan para ir elevando sus estándares.
¿Y el financiamiento?
Desde fines del año pasado, el proyecto de ley que reforma el artículo 203 del Código del Trabajo se encuentra a la espera del visto bueno de La Moneda para ser presentado al Congreso. La iniciativa, impulsada por el Ministerio del Trabajo, busca que todas las empresas de cierto tamaño contribuyan a financiar las salas cuna del país y no solamente, como es hoy, aquellas que tienen más de 20 mujeres contratadas. El proyecto, que debiera iniciar su trámite en marzo, generaría una especie de bono financiado solidariamente con parte de la cotización del seguro de cesantía.
En el Mineduc estiman que estos recursos permitirían avanzar hacia una especie de subvención, similar a la que existe desde prekínder a 4° medio, lo cual permitiría a los colegios municipales y subvencionados abrir cursos tipo playgroup, como los que tienen los establecimientos privados.
En Educación creen que el tema del financiamiento debe ser revisado. Es que hoy el Estado entrega fondos muy diferentes por alumno, dependiendo únicamente de la institución en la cual se inscriben. Así, por ejemplo, la inversión mensual por niño que se hace en los centros de Junji bordea los $180 mil. La cifra baja a unos $120 mil en los jardines que operan con el sistema de transferencia de fondos desde la propia Junji (administrados por municipios o fundaciones).
Y los de la red de Fundación Integra operan con unos $110 mil. Esto, pese a tener niveles de vulnerabilidad social prácticamente idénticos. Por ello, este año el presupuesto de la cartera aumentó más fuertemente los recursos para la modalidad de transferencia de fondos, con el fin de reducir un poco las brechas.
